Publicado en el diario La Razón el martes 25 de Abril de 2017
No soy yo
quien lo dice, Dios me libre, es nada menos que el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, en su Memoria Anual
correspondiente a 2016 que presentará en breve.
Lorenzo del Río, que fue elegido para
el cargo en 2011, estuvo anteriormente como presidente de la Audiencia
Provincial de Cádiz algo más de diez años, es, sin lugar a dudas, una persona
que conoce muy bien esa organización a
la que califica de obsoleta.
Del Río es partidario de un
cambio radical organizativo, y aboga por establecer “oficinas comunes en penal, civil y ejecutoria”, “un
trabajo más colegiado”, “lo demás es perpetuar un déficit organizativo”
para terminar añadiendo: “Al final estas
oficinas comunes son las que van a solucionar y dar mejor justicia, porque no
podemos siempre pensar en esa solución implementarista de que faltan más jueces
y más funcionarios”
En muchas ocasiones, jueces,
funcionarios y políticos han reconocido públicamente estos y otros defectos congénitos de la
justicia española, entre ellos y como más destacado, la exasperante lentitud en todas las etapas del proceso, desde la
instrucción del sumario, las investigaciones y toma de declaraciones a las
partes y testigos, y las distintas vistas orales, según los recursos a los que se
tenga derecho.
José María Michavila, secretario de Estado de Justicia del Gobierno del
PP, y Juan Fernando López Aguilar, secretario de Libertades Públicas y Desarrollo
Autonómico de la ejecutiva federal del PSOE negociaron por única y
excepcional vez en nuestra democracia, un Pacto
de Estado para la Reforma de la Justicia, nada menos que hace 17 años, en
mayo de 2001, pero tampoco sirvió para
nada, a pesar de haber superado fuertes discrepancias iniciales, como el
nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la
que ningún partido quería renunciar.
De la desorganización y falta de coordinación da muestra el hecho, real,
de que un juez ponga en libertad a un
detenido cuando la misma persona estaba
siendo reclamada por otros juzgados ubicados en el mismo edificio. De la lentitud con la que funciona podemos
poner algún ejemplo igualmente real y vivido por quien esto firma. Un documento puede tardar, en el mejor de
los casos y forzando la situación, seis meses de pasar de un despacho al de al
lado, o el informe solicitado a un fiscal tardar años en producirse.
Siempre cuento un caso que leí y que ocurrió en una zona rural de Cataluña.
Unos propietarios de fincas agrícolas fueron expropiados para hacer unas
instalaciones de una empresa de electricidad. Alguna irregularidad se había cometido
porque los propietarios expropiados
ganaron finalmente el pleito, dieciocho años más tarde, cuando la mitad de
ellos había fallecido
Organización obsoleta, funcionamiento lento,
descoordinación entre juzgados y organismos de justicia, sistema informático
anticuado e ineficaz, falta de funcionarios y jueces y una politización a la
que ningún partido quiere renunciar no pueden llamar a lo que hacen justicia,
será otra cosa, pero ¿justicia?
