LA BATALLA POR LA EDUCACIÓN

Publicado en el diario La Razón el lunes 30 de Julio de 2018

        A veces me asalta la duda de si muchos de nuestros políticos son ingenuos o sencillamente anteponen los intereses de partido y personales al bien común. No sé si la batalla política que libran es exclusivamente por gobernar a toda costa, cueste lo que cueste, a la sociedad española.

         Desde el inicio de la transición, algunas comunidades “históricas” (otro error discriminatorio para autonomías como León, Castilla o Aragón), pusieron todo su empeño en conseguir la transferencia de la educación y urbanismo, es decir, la formación de los jóvenes y el dinero que la burbuja inmobiliaria proporcionaba abundantemente (propiciatoria de muchos de los casos de corrupción de los políticos que ahora estamos viendo).

         Ambas transferencias están ahora consolidadas en todas las autonomías y el uso que, desde el minuto cero, han hecho de ellas, lo estamos viendo ahora. Sin embargo ya la sociedad vasca dio la voz de alarma cuando fueron conscientes de la labor de “concienciación” (por llamar de forma suave lo que era  y sigue siendo “adoctrinamiento”) de la juventud vasca en el “problema vasco” visto desde la perspectiva independentista / terrorista.

A pesar de las alarmas, a pesar del terrorismo, los gobiernos centrales no corrigieron lo más mínimo el pernicioso efecto del adoctrinamiento. Los gobiernos centrales de uno y otro signo han necesitado el apoyo de los partidos nacionalistas y eso tiene un terrible peaje, como se ha visto. Ni el más mínimo apoyo a los padres vascos que querían para sus hijos otra educación.

Igual ha pasado en Cataluña, aunque afortunadamente los brotes de terrorismo de Terra Lliure no fueran de las terribles consecuencias del terrorismo vasco. Los padres catalanes han clamado inútilmente por sus derechos para decidir la educación de sus hijos incluso recurriendo a la justicia y obteniendo sentencias favorables que no han tenido consecuencias sobre la llamada “inmersión lingüística” que, como sabemos, no se queda en cuestiones lingüísticas sino que abarca a la “nueva historia” de Cataluña, reescrita ex profeso para el adoctrinamiento de los jóvenes catalanes.

Tres décadas de adoctrinamiento han dado los resultados que sufrimos ahora. ¿Podía haberse evitado? Sin duda. Nuestros políticos, y no tanto la sociedad, están muy orgullosos de que las autonomías españolas tengan más competencias que los landers alemanes o cualquier otro estado federal, sin pararse a pensar que esa descentralización no debería ser empleada para debilitar al Estado. La “Alta Inspección de Educación”, o no se entera o no puede hacer nada, en cuyo caso harían muy bien en denunciarlo públicamente. También los padres contrarios al adoctrinamiento deberían agruparse (la unión hace la fuerza) y valerse de la amplia difusión que las actuales redes sociales ofrecen.

Llevamos siete planes de educación, tantos como gobiernos, aquí lo de que “cada maestrillo tiene su librillo” se cumple a rajatabla. Los intentos de Pactos de Estado por la Educación han sido todos fallidos. El único Plan de Educación aprobado por el Partido Popular no llegó a entrar en vigor y el fracaso escolar, el abandono prematuro de las aulas, los desastrosos resultado que una y otra vez nos ofrece el “Informe PISA” no han hecho reaccionar en cuarenta años a las autoridades educativas españolas.

Adoctrinamiento en las comunidades que llaman “históricas” (aun no sé por qué, ninguna de ellas ha sido jamás una Nación Independiente, Estado Soberano o Reino, como lo fueran León, Castilla o Aragón) y fracaso total de los planes nacionales han convertido a nuestra juventud en una de las peor formadas (¿educadas?) del mundo civilizado, ese primer mundo al que decimos pertenecer.

El fracaso de la formación profesional (al margen de las “deviaciones” de fondos para este fin) ha dejado sin capacitación técnica a muchos miles de jóvenes españoles. Otro “éxito” del sistema.

Realmente estamos geográfica, económica o históricamente encuadrados entre las primeras potencias mundiales. Lo que ha costado siglos en conseguirse puede perderse muy fácilmente.  Naturalmente, por fortuna, hay jóvenes españoles brillantes en estudios, trabajo y  formación..,lo que tiene mayor mérito dada la calidad de nuestra enseñanza universitaria (ninguna universidad española entre las 150 primeras del mundo, Universidad de Barcelona 156, Autónoma de Madrid 187 y Autónoma de Barcelona 195). Estos excepcionales jóvenes se han visto obligados a emigrar a Gran Bretaña, Alemania, Singapur o cualquier otra nación que valore sus méritos, porque aquí, en su país no se les reconocen. Hasta para investigar muchos españoles han tenido que irse a Estado Unidos de Norteamérica por que las ayudas que aquí se les ofrecen son míseras.

Ahora, el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, está dispuesto a cargarse la enseñanza concertada, a la que ellos mismos acuden para sus hijos, y que tiene la aceptación de millones de españoles. Quieren controlar la educación, se han dado cuenta de la vital importancia que para lograr adeptos y más adelante votantes, la educación en valores, sus valores, les ayudarán a promulgar y mantener leyes como la del aborto, la eutanasia o la de memoria histórica en las que han puesto sus prioridades.

Eso es directamente cargarse un país y a fe mía que lo están consiguiendo.

NIÑOS ASESINOS

Publicado en el diario La Razón el martes 6 de Febrero de 2018

                 

Tres menores de 13 y 14 años han asesinado a un matrimonio en Bilbao. Niños, o al menos con esa condición para la justicia, que, a tenor con lo dispuesto en el Código Penal, hasta los dieciocho (18) años no tienen responsabilidad penal, existiendo un régimen especial entre los 14 y los 18 años, distinto del que le corresponde a un adulto.

El asesinato hecho con ensañamiento, y todos los agravantes que quieran, no es imputable penalmente para el “niño” de 13 años, y de forma especial (internamiento en centros especiales hasta la mayoría de edad y luego libertad), como sucedió con otro niño asesino, el de la catana, que mato a sus padres y a una hermana.

No es el primer caso ni, desgraciadamente será el último. Tampoco me sirve de consuelo oír al Fiscal de Menores decir que en España los asesinatos cometidos por menores son menos que en otros países. Por lo visto en España se mata menos, ya sean mujeres por la violencia machista, u otro tipo de asesinatos.

Una sola muerte violenta debería ser causa de preocupación para quienes tienen la obligación de preservarla, pero para esta sociedad postmoderna que rinde culto a la individualidad y la falta de interés por el bienestar común, según acertadas definiciones, o fábrica de imbéciles, según otras más precisas, la vida humana ajena, por supuesto, ha perdido todo valor.

Introducidas y aceptadas por este “progresismo de pandereta” las leyes del aborto (130.000 víctimas anuales en España, entre niños y madres), ya se apresuran a preparar la de la eutanasia, (vivimos demasiado y no hay dinero para las pensiones) y todo eso acompañado por un  código penal buenita hasta el extremo, con redenciones de pena por cualquier chorrada, terceros grados a porrillo, y ahora un intento casi unánime de los partidos, encabezados por Podemos, para cargarse la pena de prisión perpetua “revisable”. Olvidando que es la pena que para delitos de especial gravedad tienen establecidas en casi todos los países europeos.

Padres de niñas asesinadas, que están en la mente de todos, recogen millones de firmas pidiendo que no se lleve a cabo la anulación de la pena permanente revisable. Casos de delincuentes reincidentes, cuando han cumplido parcialmente los años de condena gracias a las remisiones de pena por estudios o cualquier otra prestación, se dan con demasiada frecuencia. Si las penas de cárcel lo que pretenden, lo que es su único objetivo, según los partidos de izquierdas, es la rehabilitación del delincuente, olvidan que no menos importante es preservar la vida de los ciudadnos inocentes que son víctimas de esos “reinsertados sociales” que sin cumplir sus condenas y, lo que es peor, sin haber sido realmente rehabilitados, vuelven a cometer los mismos terribles delitos.

El buenismo de unos y la indolencia y pasividad de otros han llevado a la sociedad española, aunque haya menos víctimas mortales que en la mayoría de países de nuestro nivel de desarrollo, a vivir dramas horribles de muertes con ensañamiento, de niños asesinos, de violencia machista, de violaciones y asesinatos de menores, de desapariciones…

Desgraciadamente, erradicar, al menos en importante porcentaje, todos esos delitos, mediante una educación en valores y respeto al prójimo, ha fracasado. A estas alturas y mientras se corrigen esos graves defectos en la formación de nuestros jóvenes, es una gravísima irresponsabilidad de nuestros gobernantes y el poder judicial, unos legislando y otros haciendo cumplir las leyes, que se sigan produciendo las excarcelaciones que dan lugar a nuevos y graves delitos. El Código penal tiene que modificarse. Solo los condenados que se hayan realmente rehabilitado, pidan perdón a las víctimas y acepten unos controles que garanticen, en cierto modo, que no se van a producir reincidencias,  y después de cumplir, al menos, los veinticinco años de su condena.

En otro plano, y desde luego de menor gravedad para la sociedad, existen delincuentes de cuello blanco, estafadores profesionales que nunca restituyen lo robado, lo tienen  a buen recaudo en paraísos fiscales, cumplen penas de cárcel que a veces no llega ni a la mitad de la condena, no devuelven lo robado y lo disfrutan una vez en libertad, dejando a sus víctimas en la ruina. No es justo y la justicia, si no es justa, no es justicia. Por cierto, tampoco lo es si tarda años y años en ejecutarse.

 Como propone el juez Bermúdez, debería aprobarse una Ley de Recuperación de Activos.