Tres
menores de 13 y 14 años han asesinado a un matrimonio en Bilbao. Niños,
o al menos con esa condición para la justicia, que, a tenor con lo dispuesto en
el Código Penal, hasta los dieciocho (18) años no tienen responsabilidad penal, existiendo un régimen especial
entre los 14 y los 18 años, distinto del que le corresponde a un adulto.
El asesinato hecho con
ensañamiento, y todos los agravantes que quieran, no es imputable penalmente para el “niño” de 13 años, y de forma
especial (internamiento en centros especiales hasta la mayoría de edad y luego
libertad), como sucedió con otro niño asesino, el de la catana, que mato a sus
padres y a una hermana.
No es el primer caso ni,
desgraciadamente será el último. Tampoco me
sirve de consuelo oír al Fiscal de Menores decir que en España los asesinatos
cometidos por menores son menos que en otros países. Por lo visto en España
se mata menos, ya sean mujeres por la violencia machista, u otro tipo de
asesinatos.
Una
sola muerte violenta debería ser causa de preocupación para quienes tienen la
obligación de preservarla, pero para esta sociedad postmoderna que rinde
culto a la individualidad y la falta de interés por el bienestar común,
según acertadas definiciones, o fábrica de imbéciles, según otras más precisas, la vida humana ajena, por supuesto, ha perdido todo valor.
Introducidas y aceptadas por
este “progresismo de pandereta” las leyes del aborto (130.000 víctimas anuales
en España, entre niños y madres), ya se
apresuran a preparar la de la eutanasia, (vivimos demasiado y no hay dinero
para las pensiones) y todo eso acompañado por un código
penal buenita hasta el extremo, con redenciones de pena por cualquier
chorrada, terceros grados a porrillo, y ahora un intento casi unánime de los partidos, encabezados por Podemos, para
cargarse la pena de prisión perpetua “revisable”.
Olvidando que es la pena que para delitos de especial gravedad tienen establecidas
en casi todos los países europeos.
Padres
de niñas asesinadas, que están en la mente de todos, recogen millones de firmas pidiendo que no
se lleve a cabo la anulación de la pena permanente revisable. Casos de delincuentes reincidentes, cuando han
cumplido parcialmente los años de condena gracias a las remisiones de pena por
estudios o cualquier otra prestación, se
dan con demasiada frecuencia. Si las penas de cárcel lo que pretenden, lo
que es su único objetivo, según los partidos de izquierdas, es la
rehabilitación del delincuente, olvidan que no menos importante es preservar la vida de los ciudadnos inocentes que
son víctimas de esos “reinsertados
sociales” que sin cumplir sus condenas y, lo que es peor, sin haber
sido realmente rehabilitados, vuelven a cometer los mismos terribles delitos.
El
buenismo de unos y la indolencia y pasividad de otros han
llevado a la sociedad española,
aunque haya menos víctimas mortales que en la mayoría de países de nuestro
nivel de desarrollo, a vivir dramas horribles
de muertes con ensañamiento, de niños asesinos, de violencia machista, de violaciones
y asesinatos de menores, de desapariciones…
Desgraciadamente, erradicar, al menos en importante
porcentaje, todos esos delitos, mediante
una educación en valores y respeto al prójimo, ha fracasado. A estas
alturas y mientras se corrigen esos graves defectos en la formación de nuestros
jóvenes, es una gravísima irresponsabilidad
de nuestros gobernantes y el poder judicial, unos legislando y otros haciendo
cumplir las leyes, que se sigan produciendo las excarcelaciones que dan lugar a
nuevos y graves delitos. El Código penal tiene que modificarse. Solo los
condenados que se hayan realmente rehabilitado, pidan perdón a las víctimas y
acepten unos controles que garanticen, en cierto modo, que no se van a producir
reincidencias, y después de cumplir, al
menos, los veinticinco años de su condena.
En otro plano, y desde luego
de menor gravedad para la sociedad, existen
delincuentes de cuello blanco, estafadores profesionales que nunca restituyen lo robado, lo
tienen a buen recaudo en paraísos
fiscales, cumplen penas de cárcel que a veces no llega ni a la mitad de la
condena, no devuelven lo robado y lo
disfrutan una vez en libertad, dejando a sus víctimas en la ruina. No es
justo y la justicia, si no es justa, no es justicia. Por cierto, tampoco lo es
si tarda años y años en ejecutarse.
Como propone el juez Bermúdez, debería
aprobarse una Ley de Recuperación de
Activos.
