No voy a
generalizar, sería muy injusto, pero por desgracia se dan más de lo deseable decisiones de funcionarios públicos erróneas y de tremendas
consecuencias para quien las sufre.
Naturalmente la gravedad va en consonancia con las injustas consecuencias que
produce. Errores médicos, judiciales, policiales, funcionarios de la
Agencia Tributaria,…todos conocemos, a veces por propia experiencia, y otras en
cabeza ajena que nos llegan por los medios de comunicación o que alguien nos
cuenta.
Repito que la inmensa mayoría son excelentes profesionales, pero con que haya
algunos irresponsables, que no son capaces de medir las terribles
consecuencias de sus decisiones, es
suficiente. El daño muchas veces es irreparable.
Para que no digan que no se de lo que
hablo les cuento algunas experiencias propias de las que la primera es
incomparablemente la más grave.
Han pasado muchos años, pero eso no
quita gravedad a lo acontecido: En un pueblo veraniego del levante español, mis
padres pasaban unos días de descanso. Paseando por sus calles, mi padre sufrió un infarto y mi madre
le llevó hasta un ambulatorio. Informó de la situación al funcionario del mostrador, quien le dijo que se sentara y esperar su
turno, que en ese momento no había urgencias, estaban en horario de
consultas. A los pocos minutos mi padre fallecía
en la sala de espera. Supongo que ese funcionario no habrá dejado de
recordar ni un momento su irresponsable
decisión.
A veces saltan a la prensa casos de errores judiciales de terribles
consecuencias. Cerca de donde vivo, hace unos años salió de prisión,
reconocido el error judicial, una persona que había pasado entre rejas casi VEINTE AÑOS condenado por violación. Una vida desecha
para siempre por mucho que el Estado le indemnizara.
En un pueblo de Cataluña, unos
campesinos interpusieron una demanda contra una compañía eléctrica que había
hecho unas instalaciones en sus
terrenos. Aquello supuso la ruina para personas que vivían del campo y que estuvieron DIECIOCHO AÑOS pleiteando contra
la empresa. Cuando la justicia, por fin, tras muchos años y mucho dinero,
les dio la razón, la mitad de los
litigantes había fallecido.
Leer algunas sentencias y disposiciones judiciales causa vergüenza ajena
por su redacción y por su contenido, evidenciando una total falta de análisis, de
no haber entrado en la argumentación, de quitarse
un tema de encima por la vía rápida, sin “perder” un minuto en analizar en
profundidad los argumentos, un salir del paso sin medir las consecuencias,
sin calibrar el daño que pueden causar. Luego, con mucha suerte, en instancias superiores se corrige el error,
aunque no siempre, como relato a continuación.
He visto sentencias que son copia literal de sentencias anteriores de otras
instancias y dictadas sin haber siquiera visto las pruebas (y así reconocido en
el propio escrito) evidenciando, en este caso, lo inútil del recurso a
instancia superior.
Los humanos no somos infalibles, cometemos errores, hay que contar con
ello, pero la trascendencia de estos errores en función de las
responsabilidades que tengamos debería obligarnos
a contrastar las decisiones, una segunda opinión, una consulta siempre factible
por urgente que sea la cuestión, porque si no, si nos equivocamos, el daño infligido
a personas inocentes puede ser muy grave. Además
de irresponsables ¿Serán conscientes da la gravedad del daño causado?
Deberían existir organismos de
composición plural que analizaran estos comportamientos de los funcionarios
profesionales para, si se está a tiempo, corregir el error cometido y, cuando
las consecuencias sean irreversibles, al menos para deshabilitar a los
causantes.
Un
organismo al que se pudiera acceder muy fácilmente desde la ciudadanía,
directamente, sin necesidad de abogados y procuradores, un “defensor del
pueblo” con medios y capacidad para intervenir en estas cuestiones graves, sin miedo a los siempre temibles
corporativismos.